“Barberá ha continuado con la línea de enfrentamiento y virulencia que exhibió ayer Grau”, lamenta la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carmen Alborch, en relación a las declaraciones realizadas por la alcaldesa y a su afirmación de que los socialistas judicializan la oposición y querrían verla salir esposada del Ayuntamiento.
“Nuestra línea de oposición es crítica, pero también es propositiva y leal. Siempre ofrecemos diálogo y cuando tenemos que pedir explicaciones, lo hacemos primero en el ámbito de la política y de las instituciones”, recordó la portavoz socialista, quien aclaró que el grupo municipal sólo recurre al juez y a la fiscalía “cuando el Partido Popular se niega a acatar la legalidad o a aclarar nuestras sospechas”. “Y eso es, exactamente, lo que ha ocurrido en los casos del Cabanyal y de Tabacalera. Nosotros defendemos el patrimonio de los valencianos, tanto cultural como económico, mientras Barberá intenta destruir el Cabanyal y malbarata el dinero de todos en la operación de Tabacalera”, reiteró Alborch.
“Nos daría pena y vergüenza ver a Barberá salir esposada del Ayuntamiento, es la alcaldesa de todos los valencianos y, aunque ella no lo haga, nosotros sí respetamos las instituciones democráticas”, concluyó la representante socialista.
Cabanyal
En el caso del Cabanyal, el juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Valencia estimó el lunes, de manera cautelarísima, la suspensión de la ejecución de las licencias de derribo de seis inmuebles del Cabanyal, tal como el Grupo Municipal Socialista solicitaba en un recurso registrado esa misma mañana. El grupo municipal interpuso el recurso contra cuatro resoluciones dictadas por la Junta de Gobierno Local el pasado 15 de diciembre en las que se concedía licencia de derribo de los inmuebles situados en los números 27, 29, 31 y 61 de la calle San Pedro, y en los números 16 y 18 de la calle Luis Despuig, en el conjunto histórico protegido del Cabanyal-Canyamelar y que, por tanto, forman parte de un ámbito declarado en su conjunto Bien de Relevancia Local.
El recurso solicita la suspensión inmediata de la ejecución de las resoluciones al haberse dictado la concesión de licencia de derribo sin mediar autorización previa de la Conselleria de Cultura y sin que exista un proyecto de edificación sustitutoria, aspectos preceptivos según la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. Además, el escrito recuerda que el 29 de diciembre, con posterioridad a la concesión de las licencias a la sociedad Cabanyal 2010, el Ministerio de Cultura emitió una orden, en el ámbito de sus competencias y en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo, en la que dictaminaba que la ejecución del PEPRI del Cabanyal-Canyamelar supondría la expoliación del patrimonio histórico y declaraba la obligación del Ayuntamiento de Valencia de proceder a la suspensión inmediata de la ejecución del plan.
Tabacalera
En el caso de Tabacalera, y de acuerdo a las informaciones difundidas por varios medios de comunicación, la Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias de investigación a raíz de la denuncia que todos los concejales del Grupo Municipal Socialista presentaron el 18 de diciembre ante la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana al entender que el equipo de gobierno municipal había cometido un presunto delito de prevaricación en el convenio suscrito con la inmobiliaria Guadalmedina para permutar el edificio administrativo municipal situado en la plaza de América por el antiguo Palacio de la Industria, núcleo del complejo industrial de Tabacalera. Los cálculos elaborados por el grupo socialista y presentados a la Fiscalía estiman que el Ayuntamiento de Valencia dejó de ingresar 56 millones de euros al incluir en la permuta el edificio administrativo municipal tras valorarlo por 24’1 millones de euros, en lugar de haberlo vendido a precio de mercado, lo que hubiera supuesto unos ingresos de 80’7 millones.
“En la operación Tabacalera, Rita Barberá ha malbaratado el patrimonio de todos y ha provocado una pérdida equivalente a todo el presupuesto municipal de inversiones de un año. Es todo un símbolo de la política de gasto del PP. Una política de despilfarro y no de austeridad. Una política de gasto que no prioriza las necesidades y aspiraciones reales de los ciudadanos que viven y trabajan en Valencia. Todo apunta a que es el mayor pelotazo urbanístico de la era Barberá, a expensas de los intereses de la mayoría de valencianos y valencianas y de la defensa del patrimonio histórico”, declaró hace un mes a los medios de comunicación la representante socialista tras la presentación de la denuncia.