La Canyada, 11/01/2010
La Junta de Barrio de La Canyada ha recibido diversas denuncias de vecinos y vecinas que viven en las inmediaciones de la obra que se esta realizando en el barranco y rotonda en la calle 29, financiada con cargo al primer Plan E, en el sentido de que durante todas las vacaciones escolares de Navidad han estado paradas, salvo un día que vinieron para hacer una reparación de urgencia.
Hasta ese momento los peatones y personas con movilidad reducida podían moverse por la zona en obras ya que la empresa constructora habilitaba pasos, pero con los últimos movimientos realizados, justo antes de esta paralización, la zona ha quedado completamente bloqueada para la circulación peatonal en todas las direcciones.
Además vecinos de la calle 232, del lado de impares, se quejan de las dificultades de acceso a sus viviendas y garajes por las mismas razones.
Según se puede observar en las fotos adjuntas, esta impedido el paso peatonal en ambos sentidos en la Calle 29, y tampoco existe acceso hacia la calle 232.
Todo ello infringe las normas sobre accesibilidad en las obras, ¿cómo ha permitido el ayuntamiento esto?, no sirve escudarse en que no estaba enterado ya que el propio Concejal de obras del Ayuntamiento de Paterna y Concejal de barrio de La Canyada, Alfonso Romero es vecino de la zona, además de ser la via principal de acceso a La Canyada, por la cual tanto la policía como el resto de Concejales que viven en La Canyada tienen que pasar por ella todos los días.
¿Es esta la forma en que el Ayuntamiento vela por los intereses de la vecinos y vecinas?, no existe excusa para que el Ayuntamiento no haya exigido el cumplimiento de las normas urbanísticas municipales a la empresa.
Hay que recordar que no es la primera vez que se denuncian irregularidades de este tipo en esta obra, ya vecinos del barranco de la Font, denunciaron al comienzo de las obras los incumplimientos en materia de accesos a sus casas.
La imposibilidad de accesos peatonales es, además de molesto, contrario a las normas de accesibilidad y por tanto la Junta exige al Ayuntamiento que ponga remedio inmediato y que sancione, si es el caso, a la empresa responsable.
Ya que aunque ahora se solucione el problema, durante todo este tiempo los vecinos y vecinas han visto vulnerados sus derechos y es obligación del Ayuntamiento exigir responsabilidades, además de asumir las suyas propias, y dar una explicación a los vecinos y a la Junta de Barrio de lo ocurrido.
En esta misma línea el Ayuntamiento debería haber informado de los motivos del retraso en la finalización de esta obra así como del calendario previsto de finalización de la misma.


