Valencia, 20/02/2010
“La decisión del Tribunal Constitucional es una buena noticia que afianza las expectativas y esperanzas de quienes tenemos como objetivo la rehabilitación del Cabanyal”, ha considerado la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carmen Alborch, en relación a la decisión adoptada por el pleno del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra el decreto-ley aprobado por el Consell para dejar sin efecto la orden emitida por el Ministerio de Cultura y que obliga a suspender la prolongación de Blasco Ibáñez y recuperar el Cabanyal.
Alborch ha subrayado que la decisión del TC suspende la vigencia y aplicación del decreto-ley desde el 1 de febrero, fecha en que el Gobierno interpuso el recurso. “La consecuencia inmediata es la suspensión del decreto-ley. La orden del Ministerio sigue vigente y, con ello, la paralización de los derribos y la suspensión del PEPRI del Cabanyal-Canyamelar”, ha destacado la representante socialista.
“Esperamos que el Partido Popular entre en razón y aparque la sinrazón. Esperamos que se atenga a las reglas del Estado de Derecho y paralice los derribos”, ha afirmado la representante socialista, quien recordó que la aprobación del decreto-ley constituyó “un despropósito” al tratarse de “una maniobra que vulneró tanto el espíritu como el contenido de la legislación estatal y autonómica sobre patrimonio histórico, que prolongó el sufrimiento de los vecinos y que evidenció que Camps y Barberá prefieren enfrentarse al Gobierno de España a rehabilitar esta zona histórica de nuestra ciudad”. En cambio, con la orden ministerial, el Gobierno “actuó en el marco de sus competencias, en interés de los valencianos y valencianas, en defensa de su patrimonio y de su identidad, en cumplimiento de sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del Tribunal Supremo, y tras tomar en consideración los informes de expertos e instituciones”.
La portavoz municipal ha recordado que el Gobierno presentó el recurso de inconstitucionalidad tras el preceptivo dictamen del Consejo de Estado, que respaldó la competencia del Ministerio de Cultura para emitir la orden de paralización frente al supuesto de jerarquías que defendía el Consell. “La interposición del recurso demostró la voluntad del Gobierno de España de proteger y defender el barrio del Cabanyal y el patrimonio de los valencianos”, ha considerado Alborch, para quien la admisión a trámite del recurso y la consecuente suspensión del decreto-ley “no sólo no es un obstáculo, sino que abre el camino a la esperanza”. No en vano la orden ministerial en vigor declara la obligación del Ayuntamiento de proceder a la suspensión inmediata de la ejecución del plan del Cabanyal, “en tanto se lleve a cabo la adaptación del mismo que garantice la protección de los valores que motivaron la declaración de éste como conjunto histórico”.


