Aerte pide a Salgado que aplique el IVA superreducido a la dependencia porque es un servicio de primera necesidad que genera empleo intensivo

Valencia, 05/03/2010
El presidente de Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) y miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Alberto Giménez, ha solicitado hoy a la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, que aplique el Impuesto del Valor Añadido (IVA) superreducido al sector de la dependencia porque es un servicio de primera necesidad y genera empleo intensivo.

Giménez ha explicado que la asistencia sociosanitaria se considera como un servicio de primera necesidad y que no considerarlo como tal es un agravio tanto para el usuario de estos servicios como para los que los realizan, por lo que ha instado al Ejecutivo nacional a que reduzca el IVA al 4% para el sector de la dependencia, con el objetivo de trasladar el ahorro al usuario y agilizar la implantación de la Ley.

La petición de la patronal autonómica de implantar el IVA superreducido tiene como finalidad reducir los costes de las plazas orientadas a las personas en situación de dependencia, con el compromiso de trasladar el ahorro al usuario final, según ha avanzado Giménez, que ha añadido que la propuesta forma parte de un estudio de medidas económicas que podrían favorecer la implantación de la Ley y facilitar la financiación de las prestaciones sociosanitaras a los dependientes.

En este sentido, Giménez ha manifestado que la patronal cuenta con un estudio económico que demuestra que la apuesta por los servicios de atención profesional frente a otros modelos excepcionales que plantea la Ley de Dependencia generaría un saldo a favor del Estado de 129,3 millones anuales como consecuencia de los retornos directos generados por esta política.

Así, de los 506 millones de euros necesarios para sufragar la puesta en circulación de las camas residenciales ya existentes, se obtendrían unos retornos directos de 635 millones, de los que el Estado se llevaría la mejor parte gracias al incremento de la recaudación por IVA, Sociedades y cuotas a la Seguridad Social, además del ahorro en prestaciones de paro y la creación de 30.000 empleos netos, según ha explicado Giménez.

El estudio realizado por la patronal autonómica estima los costes directos para el conjunto de las Administraciones de una política basada en facilitar el acceso a camas residenciales concertadas, frente a la de repartir prestaciones o cheques entre las familias, tomando como modelo a la Comunidad Valenciana, ya que representa el 10% del total estatal.

De hecho, y según este estudio económico, el coste de los cuidadores informales es inferior a priori,  cuestan al año 270 millones al conjunto de las administraciones, de los que casi el 75% recaen sobre el Gobierno central. Si bien, este sistema no genera retorno en un momento en el que el Ejecutivo nacional pretende reducir el reducir gasto público.

Modelo a escala

El estudio, que prevé ampliarse al resto de autonomías contemplando las peculiaridades específicas de cada una y los modelos de financiación y competencias de éstas, cuenta con un análisis específico de la situación de la Comunidad Valenciana.

Este informe económico advierte que la apuesta por la concertación de plazas para la asistencia sociosanitaria de este colectivo generaría más de 3.000 puestos de trabajo y un retorno económico neto de 44 millones de euros para la Administración General del Estado, según el presidente de Aerte, que ha explicado que el objeto de este trabajo es demostrar con “datos objetivos” que la aplicación de políticas sociales hacia servicios de atención a la dependencia basados en la apuesta por creación de plazas ó prestaciones económicas vinculadas al servicio, tiene un “enorme” efecto positivo sobre la sociedad y la economía de la Comunidad Valenciana.

Y, en este sentido, Giménez ha destacado que el informe indica que “la apuesta por este modelo de política social  supone crear servicios  de calidad y satisfacer adecuadamente los derechos de los dependientes junto a lo que podría calificarse de   un negocio para el Estado”, ya que genera empleo, retornos presupuestarios superiores al coste de las plazas y ahorra prestaciones por desempleo al erario público.

Además, Giménez ha insistido en que la solicitud de un IVA superreducido para el sector tiene un “claro encaje legal”, concretamente en las directivas de la Comisión Europea, en las que se establece que los estados miembros podrán aplicar un tipo de IVA reducido a los servicios que son realmente intensivos en mano de obra, los prestados directamente a los consumidores finales, los que utilizan mano de  procedencia local, especialmente personal femenino.

No podemos olvidar que la Ley de la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, prevé atender para el año 2010 a 1,246.428 personas de las cuales serán atendidas en recursos formales -Residencias, Centros de Día, Ayuda a Domicilio- a 886.050 personas. Para dar servicio a éste número de personas será preciso disponer de 352.235 personas empleadas de forma estable y no deslocalizable, según Giménez, que ha añadido que en éstos servicios la ratio de personal puede llegar a alcanzar el 0,80 por cada persona atendida.

“Estamos, por tanto, ante un sector de generación de empleo de forma intensiva y directa, que produce importantes retornos económicos al Estado no sólo reduciendo desempleo sino aumentando cotizaciones sociales”, según el presidente de Aerte, que ha matizado que el efecto sobre el empleo se ampliaría si, junto al empleo directo, estimásemos un empleo inducido en construcción, adaptación y equipamiento de recursos y un empleo indirecto en proveedores de centros y servicios.