Disponíamos los valencianos de dos grandes cajas (CAM y Bancaja) y de toda una red de entidades de rurales (Secciones de Crédito, Cooperativas de Crédito y Cajas Rurales). Las primeras fueron escalando posiciones en el ranking nacional y las segundas ofrecían a las poblaciones y el entorno rural unos servicios adecuados a necesidades de sus clientes que, en su mayoría eran agricultores y sus familias: tenían una especial sensibilidad, que para eso estaban, y cubrían un espacio que otras entidades o no ofrecían o no eran aceptadas por el ahorro rural.
Con su democratización a través de la nueva ley de cajas, entraron los políticos a formar parte de sus órganos de gobierno, repartiéndose los cargos en razón al peso que cada formación había obtenido en las urnas. Además, para asegurarse el mayor control posible se crearon asociaciones que en su nombre accedieron a la asamblea general y junto a éstas los representantes de los trabajadores y los agentes sociales. Ya desde el inicio de la nueva etapa se puso de manifiesto la capacidad de “entendimiento” entre las partes a la hora de repartirse cargos y funciones. Tutelado todo ello por quién mandaba en aquellos momentos, que no era otro que el Gobierno valenciano. En aquellos años era el PSPV-PSOE, pero luego fue el PP.
Las cajas de ahorro e incluso las rurales –especialmente la Caja Rural de Valencia que luego pasó a denominarse Ruralcaja-, eran el instrumento idóneo de financiación, en este caso, del Gobierno autonómico. Algo que puede considerarse natural y hasta necesario, porque los recursos bien destinados ofrecen siempre resultados muy positivos. Pero pronto, por no decir inmediatamente, se corrompió el sistema.
Bajo el argumento de la necesaria profesionalización o de la necesaria actuación como entidades financieras modernas las cosas empezaron a funcionar mal.
Lo primero que ocurrió, tras desprenderse de los altos cargos técnicos de la anterior etapa y sustituirlos por nuevos personajes, fue permitirles contratos blindados e indemnizaciones millonarias, como hemos podido ver. A cambio el poder político accedía con toda facilidad a la financiación que necesitaba o solicitaba, aunque el objetivo fuera totalmente peregrino.
Esa, llamémosle colaboración, produjo dos efectos muy negativos y un final desastroso: su desaparición.
Sobre los efectos negativos mencionados, el primero fue darle un poder impresionante a sus directores generales; que hacían y decidían a su antojo a quién o quienes facilitaban el crédito (como también hemos podido comprobar) y el segundo y como compensación a la clase política de turno con mando en plaza, accedían sin problemas a sus peticiones.
Algo parecido pasó con Ruralcaja que llegó a ser la entidad financiera valenciana que más invirtió en el proyecto de Terra Mítica. Algo absurdo.
Los intentos de unir a CAM y Bancaja para lograr una institución de mayor tamaño, fracasaron una y otra vez. Pero no sólo eso. Ni se hablaban para repartirse el territorio en sus respectivas fases de expansión, creando duplicidades perniciosas que luego hemos pagado muy caras.
Una nueva entidad solo necesita un presidente, un director general, un secretario…..y es ahí donde vimos el poder real de los altos cargos técnicos que habían sabido “coger” muy bien a los políticos y a los representantes de los agentes sociales mediante tratos de favor, en muchos de los casos, hacia ellos, sus empresas o familiares. ¿Quienes iban de las dos cajas a renunciar a sus altos cargos, remuneraciones y privilegios?
El resultado, la desaparición de un sistema financiero autóctono, el desvío de los beneficios generados a otras entidades y autonomías, la pérdida de su patrimonio y tantos otros efectos negativos que arrastraron, entre otros, hasta el mítico Banco de Valencia porque la mayoría de su accionariado pertenecía a Bancaja.
Y de las rurales que decir. Salvo casos aislados, el gran montante del ahorro y de los recursos generados en nuestros pueblos agrarios se lo ha quedado la almeriense Cajamar.
Ya me dirán ustedes si la sensibilidad de esta entidad es la misma en su territorio que en nuestros pueblos.
Nada, que nos hemos quedado sin nada de nada.
Lo grave es que mientras algunos hemos denunciado desde los medios de comunicación esta situación, otros (medios también) han ejercido una política de halago bien recompensada mediante publicidad o patrocinios: Poderoso caballero Don dinero.
Y ahora los recién llegados, con o sin vara de mando, proponen crear un banco público.
Entiendo perfectamente que son muy conscientes de la falta de recursos y de la necesidad de obtenerlos para llevar a cabo sus objetivos programáticos, por muy absurdos o imposibles que algunos puedan parecer. Pero también entiendo que hemos llegado tarde y que esa actitud de defensa la tenían que haberla ejercido antes, cuando también formaban parte de sus estructuras y eran plenamente conscientes de lo que ocurría.
Pero claro, muchos callaban pensando que tarde o temprano iban a ser ellos los que podrían disfrutar de esos privilegios.
No tenemos remedio.
