Disponíamos los valencianos de dos grandes cajas (CAM y Bancaja) y de toda una red de entidades de rurales (Secciones de Crédito, Cooperativas de Crédito y Cajas Rurales). Las primeras fueron escalando posiciones en el ranking nacional y las segundas ofrecían a las poblaciones y el entorno rural unos servicios adecuados a necesidades de sus clientes que, en su mayoría eran agricultores y sus familias: tenían una especial sensibilidad, que para eso estaban, y cubrían un espacio que otras entidades o no ofrecían o no eran aceptadas por el ahorro rural.
Con su democratización a través de la nueva ley de cajas, entraron los políticos a formar parte de sus órganos de gobierno, repartiéndose los cargos en razón al peso que cada formación había obtenido en las urnas. Además, para asegurarse el mayor control posible se crearon asociaciones que en su nombre accedieron a la asamblea general y junto a éstas los representantes de los trabajadores y los agentes sociales. Ya desde el inicio de la nueva etapa se puso de manifiesto la capacidad de “entendimiento” entre las partes a la hora de repartirse cargos y funciones. Tutelado todo ello por quién mandaba en aquellos momentos, que no era otro que el Gobierno valenciano. En aquellos años era el PSPV-PSOE, pero luego fue el PP.
