Operación bombilla

Opinión

Valencia, 12/02/2009
Comienza desde Aragón y en breve extendida por toda España “La operación bombilla”. El Ministerio de Industria con la colaboración de Correos distribuirá antes del verano 21,96 millones de bombillas de bajo consumo. Lo primero que me llama la atención es que después de 15 días de anunciar el propio Ministro Sebastián su campaña “Made in Spain“, comience este reparto con luminarias de importación china. ¡Sí señores, esto es predicar con el ejemplo! Por otra parte se comienza la casa por el tejado. ¿Por qué no empiezan por los grandes consumidores que son las Administraciones?
El consumo de alumbrado público representa el 1,5% de la energía eléctrica total y crece a un ritmo de un 2,6% anual, según el Instituto para la diversificación y Ahorro Energético (IDAE).El año pasado supuso un consumo de más de tres millones de megavatios de electricidad, de los que un 95% correspondió a gastos municipales. Para hacerse una idea, las pasadas fiestas de Navidad la ciudad de Madrid gastó más de 4,6 millones de euros en su alumbrado festivo.
La iluminación en los núcleos urbanos ha tenido siempre como objetivo primordial proporcionar luz para la realización de nuestra actividad cotidiana. En ese sentido, es evidente que la emisión de luz artificial de cualquier dispositivo de alumbrado dirigida hacia el hemisferio superior supone una pérdida importante de dinero −en términos de consumo energético– a la vez que un elevado coste para el medio ambiente. Esto significa que toda luz artificial dirigida al firmamento es totalmente desperdiciada, ya que además de contaminar el cielo no repercute en una mejor visibilidad en el entorno en el que nos movemos.
En 2002 se aprobó la Ley de Impacto Ambiental de la Comunidad de Madrid, que incluye entre sus objetivos la reducción de la contaminación lumínica. Ese mismo año, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético en colaboración con el Comité Español de Iluminación hizo pública una propuesta de ordenanza municipal con el objeto de que fuese evaluada y adaptada para su publicación en los diferentes municipios. Esta Ordenanza pretende establecer las condiciones que deben cumplir las instalaciones de alumbrado exterior, tanto públicas como privadas, situadas en un determinado municipio, con el fin de mejorar la protección del medio ambiente mediante un uso eficiente y racional de la energía que consumen y la reducción del resplandor luminoso nocturno, sin menoscabo de la seguridad vial, de los peatones y propiedades, que deben proporcionar dichas instalaciones.
Además, en enero de 2004, el ayuntamiento de Castro Urdiales aprobó la “Ordenanza Municipal para la regulación del alumbrado exterior en su término municipal seguido del ayuntamiento de Santander, quien aprobó la “Ordenanza Municipal de alumbrado exterior para la protección del medio ambiente”.
En el año 2005 en las Islas Baleares se reguló el alumbrado para evitar la contaminación lumínica mediante la aprobación de la Ley 3/2005 de Protección del Medio Nocturno de las Illes Balears. También en el mismo año se aprobó en Navarra la Ley Foral 10/2005 de Ordenación del Alumbrado para la Protección del Medio Nocturno.
El Ministerio de Medio Ambiente ha comenzado a prestar atención al problema y ya, en el mes de mayo del año 2005, el Pleno del Senado aprobó una moción por la que se instaba al Gobierno a la elaboración de un informe técnico sobre la contaminación lumínica en España, así como una legislación básica sobre la materia.
Entre las últimas comunidades que han optado por la regulación en este tema podemos desatacar Cantabria, que en el año 2006 aprobó la Ley de Prevención de Contaminación Lumínica 6/2006. Por último, Murcia ha elaborado una Ley contra la Contaminación Lumínica y prevé reducir en un 50% el gasto en alumbrado público.
Todas estas ordenanzas son orientativas y en ningún caso atajan el problema desde la raíz. Cuando la certificación del diseño de los dispositivos de iluminación vial sea una exigencia de comercialización en el mercado −al igual que lo es el marcado CE− con la que se demuestre que cumplen con los requisitos mínimos para garantizar eficacia y eficiencia estaremos más cerca de la solución. Por el momento, hasta que la Unión Europea no tome cartas en el asunto y establezca una normativa a aplicar en el sector seguiremos desperdiciando energía y lo que es peor, contaminando nuestro hábitat natural.

José Mª Guijarro y Jorge
Subdirector del Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen (AIDO)
Doctor en Economía