La consellera de Bienestar Social, Angélica Such; y el presidente de la Patronal autonómica de la Dependencia, Alberto Giménez; han abogado por consensuar una propuesta para revisar la financiación de la dependencia sin que esto suponga incrementar el nivel impositivo para equipararlo a países con modelos sociosanitarios más desarrollados.
El presidente de la Asociación Empresarial de Residencia y Servicios a Personas Dependientes (Aerte) ha defendido la necesidad de apoyar el sector “no sólo por cuanto comporta una exigencia moral de atender a las personas en dependencia sino por que es un claro sector estratégico que genera importantes retornos.”
Por parte del ejecutivo central, el subdirector general de Planificación del IMSERSO, Pablo Cobo, ha señalado que los ciudadanos no tienen que preocuparse porque la financiación de la Ley de la Dependencia esta asegurada. Y, de hecho, el representante estatal ha recordado que las prestaciones que plantea ésta Ley son un derecho al igual que la sanidad y la educación, por lo que las administraciones “tienen la obligación de garantizarlo, incluso endeudándose para que el ciudadano reciba los derechos y prestaciones que la Ley determina.”
En esta línea, Pablo Cobo ha avanzado que, a partir de 2011, el plazo máximo para la prestación de servicios a un dependiente será de 3 meses desde su solicitud. De esta forma, se entenderá aceptada toda aquella solicitud que supere el plazo propuesto, según la revisión que se ha establecido desde IMSERSO de este apartado.
Además, el subdirector general de Planificación del IMSERSO ha abogado por implantar un sistema de coordinación sociosanitaria para evitar duplicidades en servicios y costes orientados a la asistencia, una de las propuestas que ha defendido la patronal autonómica desde que entró en vigor la Ley, ya que favorecería la sostenibilidad del sistema asistencial español.
Falta autorregulación
Por su parte, el secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Joaquín Martínez, ha insistido en que el principal problema de la implantación de la Ley es el desequilibrio en la financiación, que se ha visto agravado porque mientras el texto normativo aboga por la derivación de los dependientes a recursos profesionales, el sistema de financiación sobre el que se asienta prima las prestaciones a cuidadores informales, que suponen ya más del 50% del total en España.
El encuentro, que ha reunido a más de 500 prescriptores, representantes del sector asociativo y profesionales de la dependencia, ha sido inaugurado por el delegado de Gobierno de la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, que se ha mostrado partidario de adelantar la revisión de la Ley, ya que el Ejecutivo nacional reconoce las dificultades de implantación.
Si bien, Ricardo Peralta ha matizado que es una norma “muy ambiciosa” que requiere de una implantación progresiva y gradual. El delegado del Gobierno ha incidido también en la necesidad de incrementar la red de centros del sistema y potenciar los servicios de ayuda a domicilio para garantizar la atención profesional y de calidad de los dependientes.
En este sentido, Peralta ha recordado que el desarrollo normativo de la Ley se realizó con consenso político y que, para superar la situación actual, es necesario que a todos los agentes sociales y representantes administrativos, junto con sindicatos y patronales, nos una voluntad común, un objetivo que interesa a la mayoría de los españoles, que modernizará la sociedad española, y que garantizará que un número importante de ciudadanos tenga la atención que se merecen. Y, de hecho, el delegado de gobierno ha reiterado la puesta del Gobierno Nacional por éste sector, que se plasma en la inclusión en los presupuestos tanto en los fondos especiales de 2009, como en los previstos para 2010.
