Valencia, 27/04/2011
La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Maritina Hernández, ha asegurado que "el proyecto de ley de Pesca Sostenible impulsado por el Gobierno central se ha elaborado de espaldas al sector pesquero, ya que no se ajusta a la realidad de nuestras pesquerías ni recoge sus necesidades y atenta directamente contra la estructura social y económica que vertebra la pesca en la Comunitat Valenciana y que representan las Cofradías".
Por ello, ha exigido de nuevo al Ejecutivo que retire ese documento y abra un periodo de consultas en el que participen los representantes de las cofradías de nuestro territorio y permita consensuar un texto que atienda las demandas que plantea el sector y que apueste por su futuro.
"Es otra muestra -ha destacado- del desinterés del Gobierno de Zapatero hacia el sector pesquero y hacia nuestra Comunitat. Un Gobierno cuyas propuestas son reducir la participación de nuestros pescadores y cofradías en la regulación de aquellas cuestiones que les afectan, y permitir actividades como las prospecciones petrolíferas cuyo impacto negativo amenaza los recursos pesqueros y medioambientales de nuestro litoral y con ello el futuro de un sector del que en la Comunitat Valenciana dependen más de 5.000 familias".
En este sentido, ha subrayado que la política necesaria en ese momento es la encaminada a reducir los costes y contribuir de este modo a hacer rentable la actividad pesquera, como hace el Consell a través del Plan Director de Pesca, y ha reclamado al Gobierno las medidas fiscales necesarias para hacer realidad este objetivo.
Maritina Hernández ha realizado estas declaraciones tras mantener una reunión con representantes del sector pesquero de Castellón y el portavoz de pesca del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados, Joaquín García, y la diputada Andrea Fabra.
Las Cofradías amenazadas
La Consellera ha criticado al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) por continuar adelante con esta medida sin escuchar ni contar con la opinión del sector pesquero, así como de los distintos gobierno autonómicos.
Entre los puntos en los que el Consell ha mostrados su desacuerdo se encuentra la eliminación de la obligatoriedad de realizar la primera venta en las lonjas autorizadas, lo que puede dar lugar a una falta de transparencia en las transacciones con un el grave perjuicio que supondría para los pescadores artesanales y sus rentas.
