Valencia, 13/12/2011
El President de la Generalitat, Alberto Fabra, ha mantenido una reunión de trabajo con el conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, y su equipo directivo para examinar las decisiones adoptadas y las medidas previstas para garantizar una gestión más eficaz de las prestaciones sociales y de la administración de Justicia.
Jorge Cabré ha informado del encuentro mantenido con el jefe del Consell y ha destacado que "el Gobierno Valenciano garantiza la rentabilidad social de cada euro invertido en el área de bienestar social".
En este sentido, ha añadido que se ha tomado la decisión de eliminar todos los gastos que no generen un beneficio directo para el ciudadano (premios, promociones y actividades diversas) y ha anunciado el proyecto de creación de la Tarjeta Social, un instrumento que permitirá a la administración autonómica conocer las prestaciones que recibe una persona física o jurídica con el objetivo de una distribución más justa y racional del presupuesto disponible.
"Queremos lograr que el mayor número posible de personas físicas o jurídicas tengan acceso a prestaciones o subvenciones. No es justo que haya beneficiarios de subvenciones de diferentes administraciones y que existan personas o entidades que no reciban nada de administración alguna. Con la Tarjeta Social el Consell quiere dar cumplimiento a la exigencia de la Unión Europea de establecer una gestión de las subvenciones ajustada a la legalidad pero sobre todo a la eficacia y al mayor número posible de beneficiarios", ha explicado Cabré.
Compromiso de austeridad
El Gobierno Valenciano ha garantizado una gestión eficiente en la ejecución de las políticas sociales y de justicia, pero ha subrayado su compromiso de austeridad y de estricto respeto a la limitación presupuestaria a través del control del gasto y de planes de ajuste y ahorro. "Los ciudadanos tiene que tener la tranquilidad de que van a seguir recibiendo unos servicios sociales y de justicia de calidad; es más, no nos conformamos con mantener la calidad actual y vamos a mejorarla, pero sin incrementar el gasto", ha asegurado el conseller.
El compromiso de austeridad del Consell se concreta en diferentes medidas, de las que Cabré ha destacado el Plan de Ahorro en la Administración de Justicia que ya se ha empezado a aplicar y que va a suponer un ahorro anual de más 4 millones de euros gracias a medidas de control en el consumo energético, en el consumo de papel, en el gasto de taxi, en el gasto por funcionario en material de oficina y en el ahorro del pago de alquileres de inmuebles. También ha puesto el acento en la determinación del Consell en limitar el coste de la Asistencia Jurídica Gratuita a la cantidad económica recogida por los Presupuestos de la Generalitat.
Por lo que respecta al área de Bienestar Social, Jorge Cabré ha explicado que su departamento trabaja en la elaboración de una nueva Ley de Servicios Sociales que unificará en un solo texto la normativa dispersa de todas las prestaciones con el objetivo de simplificar y agilizar los procedimientos administrativos para que el ciudadano reciba un servicio más eficiente.
El President de la Generalitat, Alberto Fabra, ha mantenido una reunión de trabajo con el conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, y su equipo directivo para examinar las decisiones adoptadas y las medidas previstas para garantizar una gestión más eficaz de las prestaciones sociales y de la administración de Justicia.
Jorge Cabré ha informado del encuentro mantenido con el jefe del Consell y ha destacado que "el Gobierno Valenciano garantiza la rentabilidad social de cada euro invertido en el área de bienestar social".
En este sentido, ha añadido que se ha tomado la decisión de eliminar todos los gastos que no generen un beneficio directo para el ciudadano (premios, promociones y actividades diversas) y ha anunciado el proyecto de creación de la Tarjeta Social, un instrumento que permitirá a la administración autonómica conocer las prestaciones que recibe una persona física o jurídica con el objetivo de una distribución más justa y racional del presupuesto disponible.
"Queremos lograr que el mayor número posible de personas físicas o jurídicas tengan acceso a prestaciones o subvenciones. No es justo que haya beneficiarios de subvenciones de diferentes administraciones y que existan personas o entidades que no reciban nada de administración alguna. Con la Tarjeta Social el Consell quiere dar cumplimiento a la exigencia de la Unión Europea de establecer una gestión de las subvenciones ajustada a la legalidad pero sobre todo a la eficacia y al mayor número posible de beneficiarios", ha explicado Cabré.
Compromiso de austeridad
El Gobierno Valenciano ha garantizado una gestión eficiente en la ejecución de las políticas sociales y de justicia, pero ha subrayado su compromiso de austeridad y de estricto respeto a la limitación presupuestaria a través del control del gasto y de planes de ajuste y ahorro. "Los ciudadanos tiene que tener la tranquilidad de que van a seguir recibiendo unos servicios sociales y de justicia de calidad; es más, no nos conformamos con mantener la calidad actual y vamos a mejorarla, pero sin incrementar el gasto", ha asegurado el conseller.
El compromiso de austeridad del Consell se concreta en diferentes medidas, de las que Cabré ha destacado el Plan de Ahorro en la Administración de Justicia que ya se ha empezado a aplicar y que va a suponer un ahorro anual de más 4 millones de euros gracias a medidas de control en el consumo energético, en el consumo de papel, en el gasto de taxi, en el gasto por funcionario en material de oficina y en el ahorro del pago de alquileres de inmuebles. También ha puesto el acento en la determinación del Consell en limitar el coste de la Asistencia Jurídica Gratuita a la cantidad económica recogida por los Presupuestos de la Generalitat.
Por lo que respecta al área de Bienestar Social, Jorge Cabré ha explicado que su departamento trabaja en la elaboración de una nueva Ley de Servicios Sociales que unificará en un solo texto la normativa dispersa de todas las prestaciones con el objetivo de simplificar y agilizar los procedimientos administrativos para que el ciudadano reciba un servicio más eficiente.
