La consellera Gabriela Bravo reivindica la Administración de Justicia como un servicio público fundamental junto a la sanidad, la educación y los servicios sociales
Valencia, 14/05/2016
El Colegio de Economistas de Valencia celebró el jueves pasado una conferencia-coloquio sobre justicia y economía en la que participaron Gabriela Bravo, consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas; Juan Manuel Pérez Mira, decano del COEV, y Francisco Amorós Ibor, presidente de la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Valencia. El objetivo de este encuentro fue analizar los efectos económicos del funcionamiento de la Justicia, así como los retos del sistema judicial, tanto desde la perspectiva de sus recursos propios, como de la demanda de los servicios judiciales.
Gabriela Bravo lamentó el elevado volumen de litigios que soportan los juzgados y tribunales valencianos: el año pasado entraron 934.361 asuntos nuevos, el 11’2% del total nacional, lo que se traduce en una tasa de 187,6 asuntos por cada mil valencianos. En toda la Comunitat Valenciana hay más de 4.000 millones de euros bloqueados en procesos de distinta índole pendientes de resolución. En 2015, las cuentas de consignación de los órganos judiciales valencianos registraron movimientos por valor de casi 1.300 millones de euros. “Cuando los litigios no se resuelven en un plazo razonable, la justicia se convierte en un obstáculo para el flujo económico. Su lentitud provoca la percepción de que no es eficaz y esa es una mala tarjeta de presentación ante los inversores. Ofrecer una imagen de país riguroso y avanzado requiere de una renovada Administración de Justicia”, afirmó la consellera.
Bravo planteó la necesidad de conocer el “índice de retorno de la inversión en Justicia”. Es decir, qué porcentaje de cada euro dedicado al sistema judicial vuelve al tráfico económico en forma de riqueza generada. “Toda inversión en la mejora de la Justicia es rentable, porque al menos reduce los costes que provocan sus disfunciones. Son numerosos los estudios sobre el crecimiento económico que prestan especial atención al papel que el Estado y las instituciones, especialmente las jurídicas, tienen en el desempeño de las economías. Todos ellos destacan la importancia de la estabilidad política, de contar con unas buenas instituciones y estructuras jurídicas y disponer de mecanismos efectivos para asegurar la protección de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, contractuales y no contractuales”, manifestó la consellera.
Por último, reivindicó la inclusión de la Administración de Justicia como uno de los servicios públicos fundamentales del Estado Democrático social de Derecho, junto a la sanidad, la educación y las políticas sociales, “a los que los poderes públicos deben dar atención prioritaria”.
Por su parte, el decano del COEV, Juan Manuel Pérez Mira, se apoyó en varias encuestas para demostrar la importancia que el sistema judicial tiene para los economistas valencianos. Por ejemplo, en un sondeo realizado en diciembre entre los economistas de la Comunidad Valenciana, garantizar la seguridad jurídica y promover acuerdos bilaterales estables de inversión que protejan a los inversores fue la medida más valorada para atraer la inversión extranjera en la Comunidad. En otra consulta se planteó la idoneidad de una serie de medidas para consolidar el crecimiento económico en la Comunidad Valenciana. La mejor valorada por los economistas fue poner en marcha medidas para perseguir la corrupción, mejorar la transparencia y la implantación de prácticas de buen gobierno. “Las deficiencias en el funcionamiento de la justicia generan incentivos más débiles para la inversión y el empleo. Muchas decisiones empresariales y de inversión nacional y extranjera se ven afectadas por el deficiente funcionamiento de la justicia. Sin lugar a dudas, es un factor determinante para favorecer la competitividad de la economía”.
Pérez Mira reivindicó la colaboración de los economistas con la justicia para agilizar y profesionalizar un ámbito que cada vez presenta más contenido económico. “La prueba pericial económica ha cobrado especial importancia por su complejidad técnica y la resolución satisfactoria de estos asuntos resulta de vital importancia para todas las partes en conflicto. Asimismo, el economista posee un perfil idóneo para actuar como mediador en la resolución de conflictos. La institución de la mediación, tal y como está regulada actualmente, se puede ver muy beneficiada por profesionales con un componente financiero y económico”.
Precisamente, Francisco Amorós, presidente de la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Valencia, defendió el ahorro de tiempo y costes de estos “medios alternativos para liberar el exceso de carga de los juzgados y tribunales”. Otras de las ventajas del arbitraje frente a los tribunales señaladas por Amorós fueron la confidencialidad, la especialización de los árbitros, la mayor flexibilidad y la participación y control del proceso de las partes en conflicto.
Sin embargo, admitió que, salvo la mediación concursal, no acaban de consolidarse en España. “No existe una cultura del arbitraje y la mediación. Tenemos que promoverla”. Para ello, el presidente de la Corte de Arbitraje y Mediación propuso algunas iniciativas, como imponer la mediación obligatoria en algunos temas y una mayor labor divulgativa en colegios y universidades.
Valencia, 14/05/2016
El Colegio de Economistas de Valencia celebró el jueves pasado una conferencia-coloquio sobre justicia y economía en la que participaron Gabriela Bravo, consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas; Juan Manuel Pérez Mira, decano del COEV, y Francisco Amorós Ibor, presidente de la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Valencia. El objetivo de este encuentro fue analizar los efectos económicos del funcionamiento de la Justicia, así como los retos del sistema judicial, tanto desde la perspectiva de sus recursos propios, como de la demanda de los servicios judiciales.
Gabriela Bravo lamentó el elevado volumen de litigios que soportan los juzgados y tribunales valencianos: el año pasado entraron 934.361 asuntos nuevos, el 11’2% del total nacional, lo que se traduce en una tasa de 187,6 asuntos por cada mil valencianos. En toda la Comunitat Valenciana hay más de 4.000 millones de euros bloqueados en procesos de distinta índole pendientes de resolución. En 2015, las cuentas de consignación de los órganos judiciales valencianos registraron movimientos por valor de casi 1.300 millones de euros. “Cuando los litigios no se resuelven en un plazo razonable, la justicia se convierte en un obstáculo para el flujo económico. Su lentitud provoca la percepción de que no es eficaz y esa es una mala tarjeta de presentación ante los inversores. Ofrecer una imagen de país riguroso y avanzado requiere de una renovada Administración de Justicia”, afirmó la consellera.
Bravo planteó la necesidad de conocer el “índice de retorno de la inversión en Justicia”. Es decir, qué porcentaje de cada euro dedicado al sistema judicial vuelve al tráfico económico en forma de riqueza generada. “Toda inversión en la mejora de la Justicia es rentable, porque al menos reduce los costes que provocan sus disfunciones. Son numerosos los estudios sobre el crecimiento económico que prestan especial atención al papel que el Estado y las instituciones, especialmente las jurídicas, tienen en el desempeño de las economías. Todos ellos destacan la importancia de la estabilidad política, de contar con unas buenas instituciones y estructuras jurídicas y disponer de mecanismos efectivos para asegurar la protección de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, contractuales y no contractuales”, manifestó la consellera.
Por último, reivindicó la inclusión de la Administración de Justicia como uno de los servicios públicos fundamentales del Estado Democrático social de Derecho, junto a la sanidad, la educación y las políticas sociales, “a los que los poderes públicos deben dar atención prioritaria”.
Por su parte, el decano del COEV, Juan Manuel Pérez Mira, se apoyó en varias encuestas para demostrar la importancia que el sistema judicial tiene para los economistas valencianos. Por ejemplo, en un sondeo realizado en diciembre entre los economistas de la Comunidad Valenciana, garantizar la seguridad jurídica y promover acuerdos bilaterales estables de inversión que protejan a los inversores fue la medida más valorada para atraer la inversión extranjera en la Comunidad. En otra consulta se planteó la idoneidad de una serie de medidas para consolidar el crecimiento económico en la Comunidad Valenciana. La mejor valorada por los economistas fue poner en marcha medidas para perseguir la corrupción, mejorar la transparencia y la implantación de prácticas de buen gobierno. “Las deficiencias en el funcionamiento de la justicia generan incentivos más débiles para la inversión y el empleo. Muchas decisiones empresariales y de inversión nacional y extranjera se ven afectadas por el deficiente funcionamiento de la justicia. Sin lugar a dudas, es un factor determinante para favorecer la competitividad de la economía”.
Pérez Mira reivindicó la colaboración de los economistas con la justicia para agilizar y profesionalizar un ámbito que cada vez presenta más contenido económico. “La prueba pericial económica ha cobrado especial importancia por su complejidad técnica y la resolución satisfactoria de estos asuntos resulta de vital importancia para todas las partes en conflicto. Asimismo, el economista posee un perfil idóneo para actuar como mediador en la resolución de conflictos. La institución de la mediación, tal y como está regulada actualmente, se puede ver muy beneficiada por profesionales con un componente financiero y económico”.
Precisamente, Francisco Amorós, presidente de la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Valencia, defendió el ahorro de tiempo y costes de estos “medios alternativos para liberar el exceso de carga de los juzgados y tribunales”. Otras de las ventajas del arbitraje frente a los tribunales señaladas por Amorós fueron la confidencialidad, la especialización de los árbitros, la mayor flexibilidad y la participación y control del proceso de las partes en conflicto.
Sin embargo, admitió que, salvo la mediación concursal, no acaban de consolidarse en España. “No existe una cultura del arbitraje y la mediación. Tenemos que promoverla”. Para ello, el presidente de la Corte de Arbitraje y Mediación propuso algunas iniciativas, como imponer la mediación obligatoria en algunos temas y una mayor labor divulgativa en colegios y universidades.
Publicado por Noticias Comunitat Valenciana (NCV)
