Valencia, 30/01/2010
La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carmen Alborch, ha mostrado hoy su satisfacción por el acuerdo adoptado esta mañana en el Consejo de Ministros, tras tomar en consideración el dictamen elaborado al respecto por el Consejo de Estado, de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley del Consell que pretendía dejar sin efecto la orden del Ministerio de Cultura declarando que la ejecución del PEPRI del Cabanyal-Canyamelar supondría el expolio del patrimonio y obligando a suspender su aplicación.
“La interposición del recurso por parte del Gobierno, tras tomar en consideración el dictamen emitido por el Consejo de Estado, deja claro que el Gobierno de España está defendiendo el patrimonio histórico-artístico de los valencianos. A través de estos pasos se demuestra que el Gobierno de España protege el Cabanyal y los valores histórico-artísticos que motivaron la declaración del Cabanyal como conjunto histórico”, consideró la representante socialista.
“En cuanto el Gobierno presente el recurso, los posibles efectos del decreto-ley quedarán suspendidos y la orden ministerial sobre expolio en el conjunto histórico del Cabanyal prevalecerá”, subrayó Alborch, para quien la decisión “no sólo no es un obstáculo como pretende el PP, sino que abre el camino a la esperanza”, pues la orden declara la obligación del Ayuntamiento de proceder a la suspensión inmediata de la ejecución del Plan del Cabanyal, “en tanto se lleve a cabo la adaptación del mismo que garantice la protección de los valores histórico-artísticos del Cabanyal-Canyamelar”. Además, la Generalitat deberá adoptar las medidas oportunas para garantizar que el Ayuntamiento cumple su obligación de suspender la ejecución del PEPRI del Cabanyal.
En consecuencia, el Ayuntamiento deberá suspender el plan y, descendiendo a un nivel más concreto, paralizar también los derribos previstos en la calle de San Pedro porque son parte de la ejecución de dicho plan. “Ello desmonta las acusaciones de la alcaldesa sobre las supuestas mentiras de los socialistas”, afirmó la portavoz.
Además, como ha recordado el concejal Vicente González Móstoles durante su intervención en el pleno municipal, el Plan General de Ordenación Urbana de 1988, en sus normas urbanísticas, calificaba como Conjunto Histórico Protegido el Cabanyal-Canyamelar en su práctica totalidad. Posteriormente, en 1993, la Generalitat Valenciana declaró una parte del conjunto, el ensanche del Cabanyal, como Bien de Interés Cultural a través del decreto 57/1993, reforzando así la protección de dicha zona y manteniendo la que ya gozaba el resto del barrio desde la entrada en vigor del Plan General. Por último, la ley autonómica 5/2007, que modificaba la ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano, estableció que “tienen la consideración de bienes inmuebles de relevancia local, y con esta denominación deberán ser incluidos en los respectivos catálogos de bienes y espacios protegidos, los núcleos históricos tradicionales”. La zona declarada en 1988 por el Ayuntamiento de Valencia como conjunto histórico protegido y no declarada BIC por la Generalitat en 1993, en la que se incluyen los seis edificios que el equipo de gobierno pretendía derribar, debe ser considerada como Bien de Relevancia Local.
La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carmen Alborch, ha mostrado hoy su satisfacción por el acuerdo adoptado esta mañana en el Consejo de Ministros, tras tomar en consideración el dictamen elaborado al respecto por el Consejo de Estado, de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley del Consell que pretendía dejar sin efecto la orden del Ministerio de Cultura declarando que la ejecución del PEPRI del Cabanyal-Canyamelar supondría el expolio del patrimonio y obligando a suspender su aplicación.
“La interposición del recurso por parte del Gobierno, tras tomar en consideración el dictamen emitido por el Consejo de Estado, deja claro que el Gobierno de España está defendiendo el patrimonio histórico-artístico de los valencianos. A través de estos pasos se demuestra que el Gobierno de España protege el Cabanyal y los valores histórico-artísticos que motivaron la declaración del Cabanyal como conjunto histórico”, consideró la representante socialista.
“En cuanto el Gobierno presente el recurso, los posibles efectos del decreto-ley quedarán suspendidos y la orden ministerial sobre expolio en el conjunto histórico del Cabanyal prevalecerá”, subrayó Alborch, para quien la decisión “no sólo no es un obstáculo como pretende el PP, sino que abre el camino a la esperanza”, pues la orden declara la obligación del Ayuntamiento de proceder a la suspensión inmediata de la ejecución del Plan del Cabanyal, “en tanto se lleve a cabo la adaptación del mismo que garantice la protección de los valores histórico-artísticos del Cabanyal-Canyamelar”. Además, la Generalitat deberá adoptar las medidas oportunas para garantizar que el Ayuntamiento cumple su obligación de suspender la ejecución del PEPRI del Cabanyal.
En consecuencia, el Ayuntamiento deberá suspender el plan y, descendiendo a un nivel más concreto, paralizar también los derribos previstos en la calle de San Pedro porque son parte de la ejecución de dicho plan. “Ello desmonta las acusaciones de la alcaldesa sobre las supuestas mentiras de los socialistas”, afirmó la portavoz.
Además, como ha recordado el concejal Vicente González Móstoles durante su intervención en el pleno municipal, el Plan General de Ordenación Urbana de 1988, en sus normas urbanísticas, calificaba como Conjunto Histórico Protegido el Cabanyal-Canyamelar en su práctica totalidad. Posteriormente, en 1993, la Generalitat Valenciana declaró una parte del conjunto, el ensanche del Cabanyal, como Bien de Interés Cultural a través del decreto 57/1993, reforzando así la protección de dicha zona y manteniendo la que ya gozaba el resto del barrio desde la entrada en vigor del Plan General. Por último, la ley autonómica 5/2007, que modificaba la ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano, estableció que “tienen la consideración de bienes inmuebles de relevancia local, y con esta denominación deberán ser incluidos en los respectivos catálogos de bienes y espacios protegidos, los núcleos históricos tradicionales”. La zona declarada en 1988 por el Ayuntamiento de Valencia como conjunto histórico protegido y no declarada BIC por la Generalitat en 1993, en la que se incluyen los seis edificios que el equipo de gobierno pretendía derribar, debe ser considerada como Bien de Relevancia Local.