LA UNIÓ denuncia que las empresas concesionarias de la CV-35 retrasan el pago de las expropiaciones

Valencia, 12/02/2010
LA UNIÓ denuncia la actitud abusiva de las empresas concesionarias de la ampliación de la CV-35 que transcurre desde Valencia por la comarca del Camp de Turia y Los Serranos, al presentar recursos de reposición en contra de las resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación que daba la razón en su día y aumentaba el precio a percibir por parte de los agricultores expropiados.

Las obras de la CV-35 son un proyecto adjudicado por la Generalitat mediante el sistema de peaje en la sombra por el que obliga a una empresa concesionaria a sufragar la obra a cambio de explotar después la infraestructura mediante el cobro a la Administración de un canon en función del número de vehículos que la usan.

La actitud de estas empresas concesionarias de la Generalitat, como por ejemplo Autovía del Turia, Concesionaria de la Generalitat, S.A, es presentar de forma continuada recursos de reposición ante el Jurado Provincial de Expropiación para retrasar al máximo el pago de las cantidades a percibir por parte de los expropiados.

El Jurado Provincial de Expropiación emitió una resolución en diciembre de 2007 por el que, a demanda de LA UNIÓ, incrementaba el justiprecio de las fincas al contemplar un precio del suelo superior, la valoración del arbolado, la indemnización subjetiva o premio de afección, la cosecha existente o la presencia de muros o acequias; algo que las empresas concesionarias de la Generalitat pretenden que no se aplique vulnerando los derechos de los agricultores que han sido expropiados. Todo ello pese a que se trata de conceptos planteados en las hojas de aprecio de LA UNIÓ y ratificadas por el Jurado Provincial de Expropiaciones, amparados incluso por la propia Ley de Expropiaciones.

En la actualidad numerosos expedientes se encuentran a la espera de ser remitidos al Jurado Provincial de Expropiaciones y aquellos en los que se produjo una resolución favorable al aumento del justiprecio todavía no se han pagado.

LA UNIÓ señala que la ocupación de los terrenos afectados de la CV-35 se hizo efectiva ya en el mes de septiembre de 2005 y que desde esa fecha los agricultores ni son propietarios de los terrenos ni han percibido en muchos de los casos un euro por la expropiación de los mismos.  Indica que resulta lamentable en este sentido que además de todo ese tiempo transcurrido sin que los expropiados perciban nada por sus terrenos, ahora nos encontremos con estrategias como las de las empresas concesionarias que con el permiso explícito de la Generalitat dilatan el pago de las indemnizaciones.

LA UNIÓ dice que es increíble que la Generalitat, a través de sus empresas concesionarias, pretenda revertir lo que en buena lid ha concedido el jurado provincial de expropiación. Cabe confiar en que al final se imparta justicia, aunque los males de cabeza y el retraso para los agricultores expropiados ya no se los quita nadie.