La consellera ha presentado en Les Corts el Proyecto de Ley de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana
• La consellera destaca que esta ley “persigue configurar la administración valenciana del futuro, más participativa y accesible a todos”.
• Antes de que finalice el año, todos los procedimientos que se tramiten con la Generalitat se podrán iniciar en www.gva.es.
• La Comunitat y Cataluña son las únicas autonomías que han tramitado una ley de estas características
• Este año ya se puede efectuar el pago de tasas e impuesto a través de Internet.
Valencia. 03/03/2010
La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, ha presentado hoy en el Pleno de Les Corts el Proyecto de Ley de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana, cuyo fin, según ha avanzado la consellera, es “sustituir el papel por el documento electrónico, el registro físico por el on line y la ventanilla sujeta a horarios por el portal permanente”.
Sánchez de León ha destacado durante su intervención que esta ley “está destinada a cambiar el rostro de la administración valenciana del futuro, ya que persigue potenciar los servicios públicos a través de www.gva.es, promover la libre circulación de conocimiento e innovación en las organizaciones públicas e impulsar una administración inclusiva, más participativa y accesible a todos”.
En este sentido, la consellera ha explicado que el nuevo texto normativo “se enmarca en la línea estratégica común de la Unión Europea para la implantación de la administración electrónica y, por tanto, desarrolla al completo lo dispuesto por la normativa estatal, aunque la amplía para conformar un proyecto de administración on line propio para todas las administraciones y organizaciones públicas de nuestra comunidad”.
Sánchez de León ha indicado también que “la Comunitat Valenciana y Cataluña son las dos únicas autonomías que hasta el momento han tramitado un proyecto de ley de estas características con el fin de impulsar este nuevo concepto de administración telemática”.
Ahorro de tiempo y de coste
La consellera ha resaltado que la implantación de este nuevo concepto de administración “generará ventajas importantes a los ciudadanos como la reducción de cargas administrativas y la simplificación de los trámites con los servicios públicos”.
Precisamente, la titular de Administraciones Públicas ha insistido en que “antes de que finalice el año, todos los procedimientos que se tramiten con la Generalitat se podrán iniciar por Internet para lo que la Generalitat va a invertir 59 millones de euros”
De hecho, ya desde este año, todas las tasas e impuestos van a contar con un sistema de pago por Internet y también pueden tramitarse telemáticamente todas las solicitudes de becas, subvenciones y empleo
“Las empresas y los ciudadanos se van a ahorrar más de 182 millones de euros hasta 2012 gracias a que se podrá presentar documentación a través de Internet y a que no hará falta volver a tramitar documentos que ya están en poder de cualquier organismo público”, ha explicado la consellera.
Administración siempre abierta
En palabras de la consellera, “el Consell persigue impulsar un nuevo concepto de administración, es decir, una administración de servicios; de permanencia, siempre abierta y disponible; para las personas porque anticipa y atiende las solicitudes y demandas de los ciudadanos; coordinada porque integra todas las administraciones del territorio y como instrumento de sostenibilidad y desarrollo económico porque contribuye al ahorro y fomenta la inversión productiva”.
El desarrollo normativo se distribuye en el Título I, derechos y deberes de los ciudadanos en sus relaciones electrónicas con las administraciones; Título II, régimen jurídico de la Administración Electrónica; Título III, regulación del procedimiento administrativo electrónico y Título IV, organización administrativa de la Administración Electrónica.
Derechos más allá de la ley estatal
Respecto al primer Título, la consellera ha destacado que “se incide en derechos subjetivos que cualquier persona podrá hacer valer ante la Administración”. Además de los derechos incluidos en el artículo 6 de la ley estatal, la norma autonómica consagra otros específicos como el derecho a solicitar información y a formular consultas por medios electrónicos, a utilizar gratuitamente los servicios electrónicos que ponga en la red la administración autonómica, a obtener una dirección de correo electrónico vinculada a los certificados de la Autoridad de Certificación de la Comunitat (ACCV) y a que esa nueva administración sea accesible, en consecuencia, disponible para quienes sufren algún tipo de discapacidad.
En cuanto al Título II, la ley consagra el portal de la Generalitat como “la puerta de nuestra administración a la red y al mundo”, ha indicado la consellera. Este articulado establece que todas las consellerias gestionarán preceptivamente y a través del portal los servicios específicos de su ámbito de competencias, “lo que facilitará enormemente la relación de la administración con el ciudadano”, ha insistido Sánchez de León, quien ha especificado que “la presentación de documentos a través de los registros electrónicos tendrá las mismas garantías y validez que ofrecen en la actualidad los presenciales”.
La regulación del procedimiento administrativo electrónico tiene como único objetivo garantizar que la gestión electrónica de los asuntos no signifique menoscabo alguno en los derechos ciudadanos que consagra el procedimiento administrativo común.
En este apartado, se establece que deben ser las administraciones las que soliciten, vía telemática a otros organismos públicos informaciones que estas posean liberando de esta carga a ciudadanos y empresas.
Además, cada uno de los elementos que conforman el actual modelo de administración, como publicaciones, registro, archivo, tablones, notificaciones, etc, ha tenido que ser diseñado en paralelo de forma electrónica.
El último punto hace referencia a dos instituciones de nueva creación que velarán por la implantación de la administración electrónica en la Comunitat: el Observatorio, que será el encargado de analizar la implantación de la administración on line, y el Consejo, concebido como un órgano de participación para el asesoramiento, consulta e impulso de la administración electrónica.
