- La convocatoria cuenta con un importe global de 250.000 euros, con ayudas de hasta 500 euros por la prestación de los servicios legales y de 1.500 euros para la reparación de posibles daños en los inmuebles ocupados
- Susana Camarero subraya “la firmeza del Consell frente a la ocupación ilegal persiguiendo el delito, proporcionando seguridad jurídica y garantizando el derecho a la propiedad sin renunciar a las políticas sociales de acceso a la vivienda”
Valencia, 13/08/2026
La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad ha convocado una nueva línea de ayudas destinadas a financiar los gastos derivados del asesoramiento jurídico profesional para el desalojo o recuperación de la posesión en caso de la ocupación ilegal de viviendas en la Comunitat Valenciana, así como para sufragar las posibles reparaciones de daños producidos en estos inmuebles.
La convocatoria de estas ayudas, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), cuenta con un importe global de 250.000 euros, que se podrá incrementar adicionalmente hasta los 750.000 euros. Así, se concederá hasta un máximo de 500 euros para financiar los gastos de asesoramiento legal necesario para recuperar la vivienda y hasta 1.500 euros por beneficiario para gastos derivados de la reparación de daños ocasionados en los inmuebles.
La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha subrayado que esta nueva línea de ayudas tiene como objetivo prioritario “proteger a los propietarios de viviendas frente a la ocupación ilegal” y ha incidido en que se trata de “un nuevo paso para garantizar el derecho a la propiedad”, ya que esta medida se incluye también en las cuentas públicas de la Generalitat aprobadas para el ejercicio 2026, donde la dotación presupuestaria alcanzará el millón de euros.
En este sentido, desde el Consell “se pone a disposición de los propietarios un nuevo instrumento que combina una respuesta jurídica y económica, orientada a reforzar la seguridad jurídica, recuperar la confianza en el mercado de la vivienda y garantizar el derecho a la propiedad”, ha indicado Camarero.
“Frente a una Ley de Vivienda del Gobierno de España que protege más al 'okupa' que al propietario, este Consell actúa con firmeza frente a la ocupación ilegal persiguiendo el delito, proporcionando seguridad jurídica y apoyando al propietario. Y todo ello, sin renunciar a las políticas sociales de acceso a la vivienda”, ha puesto de manifiesto la vicepresidenta.
Podrán solicitar estas ayudas las personas propietarias o usufructuarias de una vivienda ubicada en la Comunitat Valenciana que haya sido objeto de ocupación ilegal, y que, a su vez, estén en posesión de la vecindad administrativa en la Comunitat Valenciana al menos con una antigüedad mínima de un año en el momento de presentar la solicitud.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 10 de septiembre. Las personas interesadas deberán cumplimentar, preferentemente, un formulario disponible en la sede electrónica de la Generalitat, y facilitar la documentación requerida en la convocatoria, como el título acreditativo de la titularidad o del derecho de usufructo sobre la vivienda objeto de ocupación ilegal; la acreditación de la ocupación ilegal mediante denuncia o demanda, así como un documento acreditativo del coste de los servicios profesionales solicitados.
La titular de Vivienda ha enmarcado esta nueva línea de ayudas dentro del Plan Integral contra la Ocupación de Viviendas puesto en marcha por el Consell que, en la práctica, “supone un cambio de modelo en la forma de afrontar la ocupación ilegal y la inquiocupación, los cuales se han convertido en un problema de primera magnitud que afecta a miles de propietarios con incidencia directa en la convivencia, el deterioro de los barrios, la inseguridad y la vulneración de derechos fundamentales, como el derecho a la propiedad y la inviolabilidad del domicilio”.
En esta misma línea, Susana Camarero ha asegurado que “la ocupación y la inquiocupación son síntomas de un problema mayor: la falta de vivienda”, motivo por el cual, desde el Consell, “estamos actuando en todos los frentes. Esto es, construimos más vivienda, movilizamos suelo, apoyamos a los jóvenes en el acceso a la vivienda y protegemos a los propietarios”.
Mayores recursos frente a la ocupación ilegal
Susana Camarero ha reiterado “el compromiso del Consell con los propietarios y frente a la ocupación ilegal”, motivo por el cual ha subrayado que los presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2026 incrementan sustancialmente los recursos que destina el Consell para perseguir este delito.
De este modo, la partida presupuestaria en ayudas para financiar los gastos derivados del asesoramiento jurídico para el desalojo o recuperación de viviendas y reparación de daños en los inmuebles se verá incrementada hasta el 1.000.000 de euros. Mientras que, en paralelo, la línea de ayudas destinadas al fomento del alquiler y la cobertura por los impagos del arrendamiento también aumentará hasta un millón de euros. Con lo que “se refuerza la seguridad jurídica y se persigue la ocupación ilegal de viviendas con una dotación presupuestaria que alcanzará los dos millones de euros”, ha remarcado la vicepresidenta.
Asimismo, junto a estas medidas Camarero también ha destacado la puesta en funcionamiento por parte del Consell de otros servicios para hacer frente a la ocupación ilegal, como la Oficina de Atención a las Víctimas de Ocupación, la cual ya se encuentra operativa con el propósito de garantizar a las víctimas asesoramiento, prevención y una atención integral y gratuita en toda la Comunitat Valenciana.
Desde la Generalitat “tenemos el firme compromiso de proteger a los propietarios, reforzar la prevención, mejorar la coordinación y agilizar la respuesta frente a la ocupación ilegal, con el claro propósito de respetar la propiedad y proteger la convivencia”, ha concluido la vicepresidenta.
Publicado por Noticias Comunitat Valenciana (NCV)